y ahora las obras sociales sindicales...
En la actualidad, el 15% de los aportes a las obras sociales se destina a un fondo para solventar terapias costosas. Los subsidios son distribuidos por la Administración de Programas Especiales (APE), que funciona en la Superintendencia de Salud. En la APE se incubó la célebre "mafia de los medicamentos", por la que están imputados el ex superintendente Héctor Capaccioli, su gerente general Néstor Vázquez, sindicalistas y dueños de varias droguerías, entre ellas algunas salpicadas por el narcotráfico, que financiaron la campaña presidencial del kirchnerismo en 2007.
Atemorizada y avergonzada por el desbarajuste, la señora de Kirchner siguió un consejo de su anterior ministra de Salud, Graciela Ocaña, y bloqueó el dinero. Los sindicalistas reprochan a Moyano que este año sólo consiguió 250 millones de los 1000 que les habían prometido. Pero el camionero no es el mejor gestor en este caso. El y su esposa son investigados por el juez Claudio Bonadio, quien presume que adulteraron troqueles medicinales porque no podían justificar los cheques ya cobrados. Los Moyano se miran en el espejo de Juan Zanola, a quien Norberto Oyarbide condenó a otro año de prisión preventiva. La decisión activó un cambio histórico: la semana pasada, el segundo de Zanola, Sergio Palazzo, asumió la conducción de La Bancaria.
El director del PAMI, Luciano Di Cesare, estudia un nuevo régimen en el cual el Estado se apropiaría del fondo de la APE para financiar las prestaciones más costosas (intervenciones complejas, tratamientos de larga duración, etc.).
Juan Manzur, el ministro de Salud, que detesta las incursiones de Di Cesare en su área, se apresuró a elaborar su propia propuesta, que ya puso en práctica con las obras sociales provinciales. El Ministerio les hace un descuento en las transferencias para asistir a los pensionados graciables. Es para tratar las enfermedades de alto costo y baja incidencia.
El Gobierno se inspira para esta modificación en motivos coyunturales, fiscales y estéticos. Evitaría las erogaciones que exigen los gremios y quedaría a salvo de las viejas corruptelas. En el gremialismo, en cambio, examinan con cautela las consecuencias de largo plazo que esconden estos cambios.
Algunos dirigentes se pusieron en guardia: el kirchnerismo está por estatizar una parte de su negocio y podría tratarse de un tímido primer paso. Enseguida recuerdan que Di Cesare elaboró un programa más ambicioso a pedido de Néstor Kirchner: la creación de seguro universal por el cual el sector público se encargaría de toda la cobertura sanitaria. El sistema de obras sociales pasaría de ese modo a manos del Estado. Sería la muerte del orden sindical.
Di Cesare es un amigo de los Kirchner que, a pesar de proceder de Santa Cruz, hace proselitismo con La Güemes, una agrupación extendida por todo el territorio nacional. Las ideas de Di Cesare se analizaron varias veces en la Casa Rosada. Por ahora se dictaminó que son impracticables. Por ahora.
Ajenos a estas acechanzas, muchos sindicalistas se entusiasman con la estatización del segmento de alta complejidad. Andrés Rodríguez (UPCN) y José Luis Lingieri (AySA), por ejemplo, se aproximaron a Manzur, el mayor aliado que tienen dentro del Gobierno, para colaborar con una reforma que liberaría a sus organizaciones de las prestaciones más caras. "¿De qué nos sirve el sistema actual? Los funcionarios nos pagan los reintegros cuando quieren, casi siempre con una quita, y encima nos mandan presos", explicó, sincero, uno de los interesados.
Para esta posición, lo que el Gobierno imagina como un recorte de poder y de dinero sería un premio. Le terminarían agradeciendo al kirchnerismo, su presunto verdugo, un obsequio similar al que les otorgó Francisco Manrique cuando, al crear el PAMI, desentendió a las cajas sindicales de la cobertura de los jubilados, los mayores consumidores de salud. Esta peculiaridad del PAMI vuelve misteriosa en estos días la gestión de Di Cesare. ¿Cómo consigue que la obra social con afiliados más costosos sea superavitaria, al extremo de financiar al tesoro nacional? Los detractores del funcionario explican que alcanza ese objetivo ahorrando en la calidad y cantidad de prestaciones. Es una pregunta relevante, sobre todo ahora que se pretende extender ese modelo a todos los pacientes con enfermedades onerosas.
Los propietarios de empresas de medicina prepaga percibieron la ventaja del proyecto y comenzaron a revolotear sobre los borradores de Di Cesare y Manzur. Por iniciativa del Poder Ejecutivo y con el apoyo de casi todas las bancadas, el Congreso acaba de modificar el corazón de ese mercado. Las nuevas regulaciones convierten a las compañías en algo parecido a aseguradoras obligadas a proteger autos chocados. Modificada la ecuación financiera del servicio, a las prepagas les resultaría atractivo también, a cambio de una fracción de su tarifa, derivar al Estado la atención de las patologías más costosas. En el sector se comentan en estos días, para ilustrar los perjuicios que evitaría la reforma, los saltos que pega el dueño de una glamorosa clínica porteña, forzado a desembolsar 120.000 dólares cada tres meses por un médico que recetó una droga de última generación a uno de sus pacientes.
Un nuevo PAMI
Una parte de la dirigencia sindical y los ejecutivos de prepagas festejarían, entonces, que Cristina Kirchner funde un nuevo PAMI dedicado a la medicina de alta complejidad. Uno de esos gremialistas solicitó al cronista: "No lo explique muy clarito, a ver si todavía se dan cuenta de que nos están ayudando y no lo hacen".La simpática advertencia reconoce que, más allá de esta reforma, la relación con el Gobierno será cada vez más conflictiva. El torniquete fiscal aprieta al mundo del trabajo en varios flancos. En la reunión de CGT del jueves pasado Moyano admitió su derrota en el reclamo de un aumento en el mínimo no imponible de Ganancias: "No conseguí nada. Pero los funcionarios se darán cuenta del problema cuando los petroleros del Sur reciban los sueldos con recortes fabulosos y comiencen a levantarse". El camionero se encuentra con una pared bastante obvia: pretende que el voraz Tesoro kirchnerista resigne fondos para financiar un aumento de salarios.
La misma dificultad atraviesan los gremios energéticos. Cristina Kirchner recurrió al bolsillo de los consumidores de energía para recaudar un nuevo impuesto, disfrazado de "quita de subsidios". El aumento de tarifas que reclaman las empresas se postergará sine die. Al revés, las compañías verán caer sus ingresos por la baja en el consumo y por previsibles moras en la cobranza. Los sindicalistas del sector tendrán cada vez más dificultades para conseguir aumentos de salarios.
El Gobierno no ahorra tensiones y deja circular rumores inquietantes. Por ejemplo, que reglamentaría el derecho de huelga o crearía un tribunal que, con trámite sumarísimo, retiraría personerías gremiales. Ideas nacidas al calor del conflicto de Aerolíneas, que la Presidenta cree promovido por Moyano (en la empresa, en cambio, lo atribuyen a Julio De Vido, que se habría servido de Ricardo Cirielli para impedir un desembarco de La Cámpora en su ministerio). La Presidenta citó para hoy al secretario de Transportes, Juan Pablo Schiavi, para develar el acertijo.
Amenazados por la tormenta, los sindicalistas van olvidando algunas diferencias. En adelante será difícil escuchar a Luis Barrionuevo burlarse de Moyano. El camionero, además, abrió una línea de contacto con "los Gordos" a través del titular de un sindicato de energía. La última novedad la produjo ayer el disidente Oscar Lescano. En la entrevista con LA NACION terminó por admitir que, ante los riesgos que se avecinan, tal vez convendría que la CGT no cambie de manos. La explicación para estos movimientos hay que buscarla en una frase que se escuchó en aquella reunión del jueves último: "Nos demonizan porque ya lo decidieron. En el año 2012 vienen por nosotros. Somos la única corporación que les falta derrotar"..
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