NOTA DE ALCIRA ARGUMEDO : "REDISTRIBUIR EL CONOCIMIENTO ES REDISTRIBUIR EL PODER SOCIAL"

“Redistribuir el conocimiento es redistribuir el poder social”
La reconocida socióloga y diputada de Proyecto Sur analiza los proyectos de
reforma de “Ley de Educación Superior" y destaca “la necesidad de promover
una profunda reforma académica”, que supere “la falacia de que los
conocimientos válidos son sólo aquellos que porta una elite iluminada”.
Por Alcira Argumedo(Especial para Agencia CTyS) - La sociedad argentina
requiere un modelo de universidad capaz de dar respuesta a los desafíos de
un nuevo tiempo histórico. La Revolución Científico-Técnica impone al
conocimiento como un recurso estratégico esencialmente democratizante, en
tanto sólo adquiere todo su potencial si se distribuye en el conjunto de la
sociedad y no es mero patrimonio de una elite.
En este marco, las universidades juegan un rol protagónico en la
incorporación, creación, producción y distribución de conocimientos en su
más alto nivel de calidad y en toda la gama de temáticas, como un patrimonio
colectivo de la Nación.
La actual Universidad, fundada en principios neoliberales, muestra al menos
dos limitaciones para desarrollar conocimiento cual genuino recurso
estratégico de los argentinos. La primera es la degradación de su
presupuesto y el grave deterioro de sus posibilidades; la segunda, el tipo
de conocimiento y de investigación predominantes que aborda.
A instancias del Banco Mundial se promovió un sistema “taylorista”del saber
universitario, fragmentado y parcial, orientado a la “hiperespecialización
de los especialistas especializados”: una orientación en sentido contrario a
las exigencias de nuestro tiempo, donde la clave es la capacidad de formular
miradas integradoras, contextuales y relacionales. Aquello que Simón
Rodríguez llamaba perspicacia espiritual; la capacidad de adaptación
innovadora y creación requerida para la comprensión de procesos complejos.

Esto impone la necesidad de promover una profunda reforma académica con el
fin de instrumentar nuevas modalidades de incorporación, transmisión y
producción creativa de conocimientos.
Debemos promover universidades de masas en las que prevalezca la innovación
y la excelencia, como requisito indispensable para superar la falacia de que
los conocimientos válidos son sólo aquellos que porta una elite iluminada:
las vertientes más avanzadas de las Ciencias Cognitivas plantean que la
jerarquía de los conocimientos dependen del contexto y, en tal sentido,
adquieren su potencial cuando es posible articular los saberes
técnico-académicos con los saberes o experiencias sociales y culturales
diseminados en la sociedad.
Este desafío plantea un nuevo tipo de relación Universidad-sociedad que abre
amplios espacios de diálogo e intercambio en un proceso que es ampliamente
democratizante y obliga a superar el enclaustramiento universitario.
En ese sentido, el debate parlamentario constituye una importante iniciativa
que, respetando su autonomía, tiende a revertir la crisis actual de nuestras
universidades, impulsando una legislación que refuerza su rol estratégico y
los principios rectores de su acción.
Los Proyectos de Ley presentados expresan distintas posiciones sobre qué
tipo de educación superior necesita el país, para quiénes y cómo realizarla.
Se trata de un debate (por el momento desarrollado en la Comisión de
Asesores de Educación) con el propósito de superar concepciones erráticas
del pasado.
Entre los principales puntos, el referido a la autonomía constituye un pilar
que las Universidades están lejos de resignar, pero del cual aún carecen los
Institutos de Educación Superior. Se discute si cabe extenderles una
autonomía total o restringida; y de qué forma los institutos con
jurisdicción provincial podrán gozar de tal derecho.
Un segundo aspecto hace referencia a los órganos de gobierno del sistema de
Educación Superior. El debate gira en torno a una cuestión no menor: la
implementación (o no) de un órgano superior dedicado a articular todo el
sistema; la existencia (o no) de Consejos Regionales; o la participación
(cuestionada) de sectores privados en la toma de decisiones.
Respecto al gobierno universitario la discusión se centra en la distribución
de la representación entre los distintos claustros que lo integran y si tal
modalidad comprende a las instituciones no universitarias.
El tercer aspecto se refiere al financiamiento de la Educación Superior, un
punto de álgida disputa entre aquellas posturas que procuran mantener el
régimen de gratuidad como garantía de igualdad de oportunidades y la de
quienes consideran que este beneficio debiera ser restringido a un orden
selectivo.
Además se discute si las prestaciones del “cuarto nivel” deben continuar
siendo aranceladas y para quienes; si de esa forma pueden acceder en paridad
de condiciones con los residentes argentinos, los estudiantes extranjeros; o
si bajo la misma matriz presupuestaria se sostienen las actividades de
investigación y extensión que lleva a cabo la universidad. En ese mismo
sentido queda sujeta la cuestión del ingreso irrestricto.
Ninguno de los proyectos en debate se expide claramente sobre la regulación
del sistema de educación a distancia. Tampoco existe consenso sobre las
formas de acceso, permanencia y desarrollo profesional de los docentes, a
fin de compatibilizar la necesaria excelencia académica con la observancia
de los derechos laborales. Otra disidencia se centra en los acuerdos y
convenios con universidades extranjeras: en la actualidadel beneficio por el
cambio de divisas atrae alumnos de diversos países que abaratan sus
estudios, mientras los graduados argentinos no obtienen ventajas similares
(ni en el ámbito doméstico ni cuando continúan sus posgrados en el
exterior).
Por estas razones resulta imprescindible reformar el desenvolvimiento de
nuestras universidades e institutos de enseñanza superior que, por imperio
de las necesidades actuales y su proyección futura, deben garantizar la
incorporación de los sectores hoy excluidos de sus aulas. La redistribución
del conocimiento supone necesariamente una redistribución del poder social y
al mismo tiempo nuestras universidades tienen por delante el reto de apoyar,
en las distintas áreas del conocimiento, los procesos de integración
regional autónoma.

                   La autora es Socióloga, profesora de la Facultad de Ciencias 
Sociales de la Universidad de Buenos Aires (UBA) e Investigadora del
CONICET. Escribió varios libros, entre ellos “Un Horizonte sin certezas:  
América Latina ante la Revolución Científico-Técnica”. Fue integrante de las
cátedras nacionales de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA entre 1973
y 1974, y luego tuvo que exiliarse en México entre 1978 y 1983, durante 
la última dictadura militar argentina. Es diputada nacional por la Ciudad de 
Buenos Aires desde 2009 por el bloque Proyecto Sur con mandato hasta 2013.