EL ABC DE LA CUESTIÓN MALVINAS. ARTÍCULO DEL ESPECIALISTA HECTOR GIULIANO

EL ABC DE LA CUESTION MALVINAS.
Por Héctor GIULIANO (10.2.12).
El anuncio presidencial y la presentación de la denuncia argentina en el
Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (CS ONU) por la
“militarización” británica del Atlántico Sur, como derivado de la
Cuestión Malvinas, motiva algunas observaciones y comentarios de
importancia para deslindar problemas de fondo respecto a los de forma o
procedimiento, declaraciones o pasos diplomáticos frente acciones
políticas concretas o, simplemente, palabras versus hechos.
DESCLASIFICACIÓN DE DOCUMENTOS.
La presidenta Cristina Kirchner anunció el 25.1 pasado y ratificó el 7.2
su voluntad de desclasificar el denominado Informe Rattenbach, un
documento cuyo contenido ya es conocido y que toca a las
responsabilidades políticas y estratégico-militares durante el conflicto
con Inglaterra de 1982.
Este informe analiza el desempeño de nuestras Fuerzas Armadas durante la
Guerra de Malvinas y constituye una pieza muy importante tanto para la
investigación histórica como para el aprendizaje de las lecciones dejadas
por el conflicto; pero como contribución directa a los reclamos contra el
Reino Unido no aporta nada y es independiente de la denuncia argentina
ante el CS ONU.
Sí, en cambio, sería mucho más importante la desclasificación de otros
documentos secretos que no toquen solamente a temas político-militares
internos sino referidos a las tratativas previas, concomitantes y
posteriores al conflicto militar por parte del Gobierno Nacional.
Y dentro de este amplio capítulo secreto – pocas veces investigado en su
debida gravedad y profundidad – aparecen interrogantes tan relevantes
como la génesis de la decisión de recuperar las islas y los apoyos
obtenidos o creídos obtener de otros países; y figura también la duda,
con base cierta, de si la confianza del gobierno Galtieri en un éxito de
la Operación Rosario no se debió a una falsa “luz verde” del gobierno
norteamericano y a una trampa consecuente tendida por el Almirantazgo
Británico.1
El gobierno Kirchner, por ende, no debiera desclasificar sólo un
documento relativo a los aspectos político-militares internos de la
Argentina sino que tendría que empezar a desclasificar todas aquéllas
piezas-clave que permanecen secretas en materia de Política Exterior
relacionadas con la Guerra de Malvinas.
LA ESTRATEGIA BRITÁNICA.
Hasta el conflicto de 1982 Inglaterra se limitaba a mantenerse en las
Islas, sin aspiraciones de jurisdicción sobre las aguas adyacentes ni
sobre los recursos naturales existentes en el área.
Pero, después de su victoria militar el Estado Británico fue ampliando
progresivamente sus pretensiones sobre la zona y consolidando tal
expansión mientras firmaba con nuestro país una serie de acuerdos
parciales que dilataban, y en gran medida neutralizaban, el planteo del
problema central: la cuestión de Soberanía.
La denominada “teoría del paraguas” o fórmula de reserva de Soberanía se
encuentra en el eje de tales logros.
Esto significa que al problema de la usurpación histórica y jurídica se
sumaron desde entonces dos nuevas realidades para nuestro país: el
problema geopolítico del Atlántico Sur y el problema de la apropiación de
los recursos económicos naturales de la zona.
Los documentos básicos de la red de instrumentos legales armada por
Inglaterra para imponer sus reglas de juego a la Argentina en todo el
Atlántico Sudoccidental está plasmada básicamente en los Acuerdos de
Madrid de 1989/1890 y en el paralelo Tratado Bilateral de Inversiones
(TBI) de 1990; y sus convenios conexos o derivados.2
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El fortalecimiento de la posición británica – y la consiguiente
desubicación argentina – se fue afianzado especialmente durante la década
del ’90 a través de esa batería de instrumentos bilaterales que se
acordaron paralelamente con y para el avance de Londres en el plano de
los hechos consumados.
Desde este punto de vista tales convenios cumplieron y cumplen un rol
funcional en la medida que el Foreign Office avanza y consolida su
reformulación del estatuto de las Islas mientras rechaza toda negociación
sobre la cuestión de la Soberanía.
El tiempo no es neutro y la posición más ventajosa de Inglaterra en la
Cuestión de Malvinas se manifiesta hoy fundamentalmente en tres hechos:
1. Haber logrado dilatar sine die la discusión con la Argentina por la
disputa de Soberanía mientras avanza en el proceso de pseudo
independencia de los isleños en el ámbito del Comité de
Descolonización de Naciones Unidas, que llevaría a la constitución de
un Estado artificial británico en el Atlántico Sur.
2. Haber avanzado consecuentemente en su intento de colocar a los
kelpers como supuestos representantes independentistas. Y
3. Haber ampliado y consolidado su control sobre las comunicaciones y
sobre los recursos económicos naturales de la Zona a la vez que
afianzado el auto-sostenimiento financiero de las Islas, que incluye
parte del costo de mantenimiento de la desproporcionada guarnición
militar local. Una base británica que lo es también, por extensión,
de la OTAN en el Atlántico Sur.
Estos progresos británicos no fueron sólo producto de la fuerza o la
habilidad del Foreign Office sino también facilitados por la pasividad y
el acompañamiento funcional de la política exterior argentina en la
cuestión Malvinas3; y sus efectos básicos no se han revertido hasta la
fecha.
Inglaterra utilizó de tal modo estos puntos de apoyo para organizar la
instauración de un gobierno local supuestamente “autónomo” y,
paralelamente, aumentar su explotación de los recursos marinos y sus
mecanismos de contralor de las comunicaciones en el Atlántico
Sudoccidental.
NECESIDAD DE UNA NUEVA ESTRATEGIA.
La presencia e influencia creciente del Reino Unido en las Islas Malvinas
y toda su zona de influencia constituye un complejo y gravísimo problema
para la Argentina, que va más allá de los legítimos derechos históricos y
jurídicos que le asisten a nuestro país porque afecta directamente
aspectos específicos de nuestra realidad como Nación: la Geopolítica
Argentina del Atlántico Sur, la sustracción en gran escala de nuestros
recursos naturales (fundamentalmente pesca e hidrocarburos) y la Defensa
Nacional, debido a la presencia de una poderosa base militar frente al
territorio argentino.
El soporte fáctico del poder británico en el Atlántico Sudoccidental
descansa así en el poder militar propio de su base en Malvinas y en la
apoyatura de su alianza con los Estados Unidos para el control marítimo
de las rutas de navegación hacia la Antártida y los pasajes
interoceánicos Atlántico-Pacífico.
Tales son los lineamientos de base que se amparan en la trama jurídicopolítica
post-Malvinas tejida por el Foreign Office contra la Argentina y
que nuestro país necesita revertir.
Pero no es con anuncios mediáticos efectistas ni con medidas ampulosas
anodinas – sin efectos prácticos en materia política y económica – que la
Argentina va a poder replantear este desfavorable cuadro de situación
sino tratando de desarticular esa trama del Foreign Office allí donde, en
lo inmediato, afecte concretamente los intereses británicos.
Si el gobierno Kirchner quiere realmente confrontar y no convivir
vegetativamente con el Conflicto de Malvinas tiene alternativas concretas
y propias para hacerlo, con las cuales demostraría no sólo su verdadera
voluntad de revertir los términos de la cuestión sino también su decisión
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política de liberarse el sistema de tratados desiguales firmados con Gran
Bretaña.
En esa tesitura, la Argentina puede y debiera adoptar por lo menos tres
decisiones clave:
1. Suspender de inmediato el convenio de Comunicaciones Aéreas y
Marítimas de Julio de 1999, interrumpiendo particularmente el vuelo
por territorio argentino y con escala en Río Gallegos hacia las
Islas que se realiza desde Punta Arenas, Chile.
2. Suspender la vigencia de los Tratados de Madrid I y II – de
Octubre/89 y Febrero/90 respectivamente – y elevar ambos documentos
a la consideración del Congreso de la Nación para su ratificación o
rechazo.
3. Proponer al Congreso la denuncia del Tratado sobre Promoción y
Protección de Inversiones con Gran Bretaña del 11.12.90.
Más aún, la Argentina debiera avanzar – con justificado derecho frente al
robo de recursos naturales oceánicos que le pertenecen por parte de
Inglaterra – en la instauración de una Cláusula Malvinas en todos los
contratos de compra y venta, sean públicos o privados, que se realicen
con empresas que tengan y/o puedan tener conflicto de intereses por su
relación con las Islas.
Dicha cláusula debiera incluirse como condicionante en todos los
contratos sobre inversiones, bienes y servicios dejando constancia, con
carácter de declaración jurada, que la empresa signataria no tiene,
directa ni indirectamente, relación con firmas ni con operaciones de
negocios con las Islas.
El falseamiento de alguna de estas condiciones sería causal de nulidad
del contrato respectivo, con las consecuencias legales y económicas del
caso.
De esta manera quedaría sancionado un nuevo régimen de tratamiento de los
intereses económicos y financieros entre Argentina e Inglaterra sobre la
base de diferenciar las operaciones de negocio en territorio nacional
según la existencia o no de vinculaciones cruzadas con las Islas.
Esta cláusula regiría, lógicamente, no sólo para empresas argentinas y
británicas sino también de terceros países: toda empresa que tenga
relación con negocios en las Islas queda inhibida de realizar negocios en
la Argentina.
El sentido de esta Cláusula Malvinas es simple: la permanencia británica
y su explotación de recursos naturales en la zona implica un robo de
recursos que pertenecen a la Argentina y nuestro país tiene entonces
derecho a diferenciar el comportamiento de todas las empresas directa o
indirectamente involucradas en tales perjuicios al país.
Quedaría consecuentemente trazada una “divisoria de aguas” entre negocios
compatibles y no compatibles con el daño que nuestro país sufre por
sustracción de recursos que le son propios.
Y constituiría un mensaje lógico para el Reino Unido señalando que existe
un doble régimen en las relaciones bilaterales: con y sin problema
Malvinas.
Sería una forma de plantearle el dilema de fondo a Inglaterra de que si
mantiene su empeño en la usurpación de las Islas va a ir perdiendo
gradualmente terreno en sus intereses en la Argentina.
Este tipo de hechos concretos y relevantes sería, por otra parte, prueba
de la efectiva voluntad de un Gobierno Argentino de confrontar la
Cuestión Malvinas contra Inglaterra.
VULNERABILIDAD BRITANICA EN LAS ISLAS.
La gran vulnerabilidad o desventaja de las Islas para Gran Bretaña reside
principalmente en su aislamiento geográfico, con la consiguiente
necesidad de resolver, por un lado, el problema de las grandes distancias
en sus líneas de comunicación marítimas y aéreas; y por otro, el problema
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de la rentabilidad de los proyectos de inversión allí sin disponer de la
infra-estructura del Continente.
Este tema debiera ser explotado necesaria y formalmente por la Argentina.
En la medida que la Argentina no adopte medidas concretas que ataquen los
problemas de fondo que hacen a sus reivindicaciones, que no desarme la
red de convenios bilaterales existentes - que no actúan en beneficio de
nuestro país - y que le siga facilitando así a Inglaterra el
mantenimiento de sus reglas de juego en la Cuestión Malvinas, la
probabilidad de llegar a negociaciones sobre la disputa de Soberanía se
irá alejando cada vez más.
Acentuar el aislamiento de la Islas, como forma de aumentar el costo de
sostenimiento de las mismas por parte de Inglaterra - particularmente de
su guarnición militar - no es sólo una opción sino una necesidad en la
estrategia a seguir por el conflicto de las Islas.
En función de lo explicado, la Argentina tiene dos fuertes cartas de
presión a su favor para intentar forzar los términos de negociación con
Gran Bretaña por la Cuestión Malvinas:
1. La citada situación de aislamiento que afecta las comunicaciones y
las restricciones para el desarrollo económico de las islas.
2. El hecho que los intereses británicos en el Continente son más
grandes y concretos que los futuros de las Islas, de modo que
nuestro país puede hacer pesar que todo avance unilateral de las
decisiones del gobierno de Londres en el Atlántico Sur tenga
repercusiones negativas para los intereses ingleses en el
territorio Argentino.
Es la “gran carta” que el Gobierno Militar no jugó debidamente durante la
Guerra de 1982, cuando polarizó y circunscribió el conflicto al teatro de
operaciones oceánico mientras el mayor factor de presión lo tenía contra
los intereses británicos en el Continente.
De este modo nuestro país le plantearía a Inglaterra el dilema de fondo
que nunca se ha atacado verdaderamente hasta el presente: que mientras el
Reino Unido mantenga su intransigencia en la Cuestión de Malvinas iría
perdiendo progresivamente las ventajas de sus intereses globales en la
Argentina.
Lic. Héctor L. GIULIANO
Buenos Aires, 10.2.2012
Archivo: GIULIANO 12 02 10 IM ARTICULO.
1 La experiencia de la caída del régimen de los Coroneles Griegos, en
Julio de 1974, a raíz del apoyo dado al Golpe de Estado pro-Enosis en
Chipre pero que fue seguido por la intervención de Turquía, guarda una
homología notable con el caso del Régimen Militar Argentino: el entonces
Secretario de Estado del gobierno Nixon, Henry Kissinger, habría dado la
conformidad norteamericana a la junta griega para un operativo de unión
de Chipre con Grecia que tuvo como respuesta la invasión turca a la isla
y el fin del gobierno castrense, con la proclamación de la III República
Helénica.
2 La naturaleza, alcance y gravedad de estos tratados está demostrada
fundamentalmente en los trabajos magistrales del Dr. Julio González.
3 Principalmente bajo el gobierno Menem, primero durante la breve
presencia de Cavallo al frente de la Cancillería y luego durante la
prolongada gestión de Guido di Tella.